Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 20 de diciembre de 2009, p. 4
Domingo 20 de diciembre de 2009, p. 4
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que no cuenta con información respecto al origen de los recursos utilizados para pagar las liquidaciones de los 44 mil 511 trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En respuesta a una solicitud de información, la dependencia federal resolvió: se confirma la inexistencia de la información solicitada. La petición fue acerca de los datos de la partida, oficios de inversión, autorizaciones y otros con base en los cuales fueron liberados los cheques para el pago de indemnizaciones.
A partir de la solicitud 0000600267609 también se pretendía conocer el nombre de los beneficiarios, su cargo, antigüedad laboral y monto del cheque –cobrado o no–, así como todos los oficios generados y recibidos por la SHCP y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE, organismo encargado de la liquidación de LFC), emitidos durante este proceso, así como el monto de los descuentos por concepto de impuestos
En el rubro de deducciones, se solicitaron datos acerca de las aportaciones al IMSS, al ISSSTE o a su sindicato; oficios o instrucciones del titular de Hacienda a sus subalternos para la autorización de los montos de liquidación y, en su caso, la transferencia de recursos para este fin del Presupuesto de Egresos 2009 autorizado por la Cámara de Diputados para LFC, extinta por decreto presidencial del 11 de octubre pasado.
Dos meses después de que el gobierno empezara a pagar las liquidaciones, ni el SAE ni la SCHP pudieron dar detalles del origen y destino de los recursos con que se ha finiquitado a por lo menos 27 mil 644 trabajadores, según las últimas cifras difundidas el pasado día 11 por Javier Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha denunciado que los recursos con que se están cubriendo las liquidaciones son del presupuesto ordinario de LFC para 2009, autorizado para ese fin por la Cámara de Diputados, por lo que se estaría incurriendo en un delito.
La segunda etapa de liquidación no tuvo la respuesta esperada por el gobierno, porque al 11 de diciembre habían acudido 232 trabajadores a completar ese trámite, y al jueves pasado la cifra pasó a 323.
Según el SME, cerca de 20 mil trabajadores y miles de jubilados están firmes en el movimiento opositor al decreto de extinción
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