Gloria Leticia Diaz
El caso Radilla, sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pone coto a los abusos cometidos por el Ejército en la “guerra” de Felipe Calderón. Ahora, el Estado mexicano está obligado a remitir a jueces civiles los casos de desapariciones forzadas y las denuncias por violación de derechos humanos que se encuentran ahora en la jurisdicción militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) puso un alto a la defensa irrestricta de la administración de Felipe Calderón al fuero militar para investigar y juzgar abusos graves cometidos por el Ejército Mexicano desde la guerra sucia y hasta la actualidad.
Como parte de la sentencia del 15 de diciembre por la detención ilegal y posterior desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, mientras estaba en manos de militares, el tribunal interamericano ordenó reformas legislativas que restringen el fuero militar a delitos relacionados con la disciplina castrense, y al Código Penal Federal en casos de desaparición forzada, así como retirar la reserva que mantenía el Estado mexicano al artículo IX de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, con la que se pretendía eludir la responsabilidad de militares acusados en estos casos.
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