Lunes, 24 de Mayo de 2010 00:00
Escrito por Cecilia González Arenas
Desde que el 10 de octubre de 2009 se publicó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, los trabajadores del SME han continuado su lucha para recuperar sus empleos y defender a su sindicato. Varios analistas locales y a nivel nacional, se han ocupado de este dramático tema en forma magistral; sin embargo, es necesario unirse a ese clamor para que la SCJN determine la inconstitucionalidad del decreto, les restituya su fuente de empleo y los trabajadores suspendan la huelga de hambre que está atentando en contra de su vida, ante la cerrazón, desinterés y hasta burla de los funcionarios federales que debieran solucionar este gravísimo problema.
Los fundamentos en que se basó el Ejecutivo para la extinción fueron el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 27, 31, 32, 32 bis, 33, 34, 35, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 y 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 1º, 2º, 4º. 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 1º, 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector público y 4, fr. II del decreto de Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2009. Como se observa, el equipo jurídico de la presidencia revisó con lupa todos los ordenamientos que pudieran legalizar la extinción de una empresa a cuyos trabajadores no sólo no se les notificó oportunamente, sino que fue sorpresiva y en la oscuridad de la noche.
Es comprensible el dolor y la preocupación de los jefes y jefas de familia que se quedaron sin empleo de la noche a la mañana; la dignidad de no aceptar la liquidación que hubiese sido su conformidad con la extinción de su fuente de trabajo y, después, con los meses que se acumulan, constatar la cerrazón e insensibilidad de un gobierno al que no le importó la terrible injusticia de desmantelar una empresa que, ciertamente, tenía problemas en su funcionamiento, pero no era responsabilidad de los trabajadores, sino de la falta de planeación y presupuesto para reponer el cableado y las líneas que eran necesarias para su funcionamiento óptimo. También se han puesto al descubierto los intereses de beneficiar a ciertas empresas con la fibra óptica que ya se está licitando, aunque esta sea sólo una simulación.
No deja de sorprender que lo que ha estado aconteciendo en nuestro país: ejecuciones diarias, los daños colaterales que se multiplican y la terrible inseguridad, desempleo, pérdida de valores, desapariciones forzadas, y tristeza por el porvenir de las nuevas generaciones, nos han hecho insensibles a una huelga de hambre que se está prolongando demasiado, a la cual se incorporan trabajadores desesperados quienes, como último recurso para obtener justicia, ofrendan su salud y arriesgan la vida. Por si el daño no fuese suficiente, ahora el gobierno acusa al SME de sabotaje por fallas en el suministro de energía.
Los expertos opinan que esas fallas se originan por la obsolescencia de los equipos, por la sobrecarga del sistema, por eventos de la naturaleza como el viento, la lluvia y los sismos y la incapacidad para atenderlos.
Dice Néstor de Buen, laboralista estrella de este país, que “…la situación creada por un decreto presidencial al liquidar Luz y Fuerza del Centro –utilizando indebidamente la facultad reglamentaria del Ejecutivo que, en todo caso, debió estar precedida por una ley dictada por el Legislativo- debe ser resuelta ahora por la Suprema Corte. Reglamentar es señalar el camino para el cumplimiento de la ley, y si no hay ley, no hay reglamento que valga. Así de sencillo… La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una oportunidad maravillosa de poner de manifiesto el principio constitucional de la división de poderes. Con el riesgo de que, de no hacerlo, lo que hasta ahora ha sido una democracia, aunque modesta y relativa, se confirmaría como una dictadura. Nos merecemos otra cosa.” Palabras sabias, si las hay.
Mientras tanto, los trabajadores continúan en su lucha y, lo menos que podemos hacer los demás mexicanos, es solidarizarnos con ellos porque todos los trabajadores de México estarían en ese riesgo de que les cerraran su fuente de trabajo y no les dieran la alternativa de otro empleo con un patrón sustituto. A quienes están en huelga de hambre, hombres y mujeres valientes, les pedimos que no claudiquen; pero que tampoco pongan en riesgo sus vidas. Son muy valiosas para ellos, para sus familias y para todos los mexicanos conscientes de que les asiste la razón.
Mientras el presidente, incansable viajero, cumple con sus numerosos compromisos, México se encuentra en vilo por tantos jóvenes, niños y personas sacrificadas, (también aquellos que equivocaron el camino y se encuentran en las filas del crimen organizado, tienen familias que los aman y tienen derecho a la vida, aunque ni siquiera se conozcan sus nombres). Esperamos que el dictamen de la Corte haga justicia a estos trabajadores obstinados, desde hace 7 meses, en obtenerla.
cecigarenas@yahoo.cm
Fuente: La Jornada de Morelos
