❚JUSTIFICA COMITÉ DE ACCESO RESTRINGIDO LA NEGATIVA PORQUE “DARÍA MALA IMAGEN” AL GOBIERNO
❚CUATRO PARTIDAS PRESUPUESTALES CARECEN DE OBLIGACIÓN PARA SER COMPROBADAS POR LA SECRETARÍA
La Secretaría de Gobierno clasificó como información confidencial todo el trabajo de espionaje que realiza en contra de organizaciones políticas, sociales, campesinas y de distinta índole, así como de sus dirigentes; además, ha clasificado como reservados hasta por tres años todos los datos sobre cuatro partidas presupuestarias, desde las que se les otorga dinero a sindicatos y distintas agrupaciones.
Dentro de su apartado de Información Restringida, la dependencia estatal admite que elabora trabajos de espionaje y análisis político en todos los municipios del Estado, e igualmente establece la existencia de las partidas 4400, 4401, 4402 y 4403 para subsidiar y financiar a todo tipo de organizaciones, incluso de la iniciativa privada y particulares.
El Comité de Acceso Restringido de la Secretaría de Gobierno justifica mantener en secreto estos datos, porque podría “causar mala imagen a la administración estatal”, así como podría derivar en el surgimiento de conflictos políticos que provocarían tomas de carreteras, palacios municipales, marchas o derrotas electorales.
Estos datos se encuentran dentro de la información restringida de dicha secretaría; en el apartado de la Unidad Administrativa se puede leer lo relacionado a cuatro partidas presupuestales, que carecen de obligación para ser comprobadas y que contienen los datos de las asignaciones corrientes que otorga la administración pública estatal sin ninguna contraprestación alguna, ya sea en forma directa o mediante fondos fideicomitidos a los sectores social y privado.
De acuerdo con tal documento, la partida 4400 corresponde a ciudadanos del sector social y privado; 4401 son subsidios a agrupaciones; 4402 subsidios a sindicatos y 4403 son subsidios a instituciones.
La motivación que establece la Secretaría de Gobierno para mantener esta información como reservada hasta por tres años es porque al revelar las partidas aludidas, podría generar conflictos o sucesos políticos y sociales como manifestaciones, tomas de carreteras e instalaciones de gobierno, daños a la imagen de la gestión institucional, activismo político o acciones no pacíficas.
“Podría generar desconcierto e inconformidades hacia la dependencia, si se considera que existe un sin número de agrupaciones, sindicatos e instituciones en el Estado y que a todos no se les puede conceder tal apoyo. De tal suerte que resulta inconveniente hacer pública esta información, porque el gobierno del Estado a través de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno, no tendría la libertad para la toma de decisiones y asignación de tal o cual beneficio, de lo contrario, éstos y otros grupos de corriente anti-gubernamentales advertirían la vulnerabilidad del Estado al conocer esta información”, dice textualmente el documento oficial, donde además se precisa que el resguardo de todos esos datos quedarán bajo la responsabilidad de Lucía Teresa Salazar López, titular de la Unidad Administrativa.
En lo que se refiere al trabajo de “análisis político”, como denominan a la investigación, seguimiento y recopilación de datos de actores políticos, así como líderes de todo tipo de organizaciones, la Secretaría de Gobierno catalogó como información confidencial todo el trabajo que realiza al respecto a la Dirección Política Regional.
Bajo la advertencia que dar a conocer la información obtenida por dicha área de la Secretaría de Gobierno pondría en riesgo la seguridad pública del Estado y sus habitantes, así como afectar la estabilidad y permanencia de las instituciones políticas, es que el Comité de Acceso Restringido opta por catalogar como confidencial tales datos.
Dentro de este rubro se incluye el registro de conflictos sociales y políticos, manifestaciones, tomas de carreteras, su frecuencia, su gestación regional, su influencia territorial, así como su naturaleza, propósitos, actores visibles o encubiertos, su origen, filiaciones ideológicas, activismo político o acciones no pacíficas.
También quedará como confidencial todo lo contenido dentro de minutas, convenios y acuerdos logrados con los actores e integrantes de dichos movimientos, puesto que resultaría inconveniente dar a conocer lo que se les concedió, y esto despertaría el interés de otros grupos por hacer lo mismo.
Dentro de la Dirección de Política Regional, destacan dos áreas llamadas Prospectiva y Gobernabilidad, así como Apoyo y Logística, encargadas de adelantarse al surgimiento de conflictos y para organizar reuniones con líderes de organizaciones y regiones, todo mediante un eficiente y discreto sistema de recopilación de información.
En el documento definen estas acciones como “un proceso institucional de planeación de estudios, recomendaciones y acopio de información, en esencia, un proyecto de trabajo discreto, profesional, permanente, sin testigos para mantener la gobernabilidad del Estado”.
De igual modo justifican la confidencialidad de los datos que se obtienen de los diversos líderes o actores políticos, por el bien de ellos mismos, pues dar a conocer lo que saben acerca de ellos los pondría en riesgo, así como su patrimonio y su familia.
En este caso, esta información catalogada como confidencial está bajo el resguardo del subdirector de Organización, Funcionamiento y Enlace Regional, Roberto Álvarez Salgado y por el subdirector de Estrategias Acciones para la Estabilidad Social, Porfirio González Fuentes.
Fuente: La Jornada de Veracruz
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