José Gil Olmos
MEXICO, D.F., 16 de junio (apro).- Pocas veces un presidente escribe una carta publica y, a mi parecer, si lo hace cuando va a anunciar la toma de una decisión importante y explicar a la ciudadania las razones y circunstancias por las cuales lo hace.
En esta ocasión, Felipe Calderon escribio una larga carta titulada “La lucha por la seguridad pública”, y pago millones de pesos en las paginas de los principales diarios para justificar su guerra contra el crimen organizado desde el inicio de su gobierno, guerra que, por cierto, va perdiendo.
Dice el dicho que mal acaba el que empieza disculpandose, y eso es lo que Calderon hace, precisamente, en el desplegado público, en el que implicitamente reconoce que ha fallado su estrategia militar y anuncia un cambio para dar la lucha por la seguridad pública.
Como si quisiera justificar su trabajo, es decir su estrategia de guerra contra el narcotráfico, Calderón emitió esa misiva –que en algunos diarios llenó cuatro páginas completas, con un costo millonario– para ofrecer su verdad.
Sin embargo, en su escrito nunca explica las razones por las cuales metió al Ejército y la Marina en esa lucha, tampoco menciona por qué no ha ido al fondo en las investigaciones para detener a gobernadores, presidentes municipales, banqueros, legisladores y funcionarios de todos los niveles involucrados con el crimen organizado. Es una misiva que carece de honestidad y sinceridad.
Para Calderón, según el texto, es fundamental aclarar que no se combate el narcotráfico, sino el crimen organizado, y que la lucha es por la seguridad pública. Es decir, corrigió semánticamente su declaración de guerra contra el narco por la de lucha por la seguridad pública.
Pero en toda su argumentación jamás aparecen los factores sociales (marginación), económicos (miseria y pobreza), financieros (concentración de la riqueza) y políticos (corrupción) que han dado paso al crecimiento de ese grupo de poder envuelto en el narcotráfico y que ha rebasado ya al Estado.
La carta del presidente panista comenzó a circular el fin de semana anterior, días después de que se registró una de las jornadas más violentas en lo que va de su sexenio, con más de 100 muertos en enfrentamientos con policías, militares o entre los mismos cárteles en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Sinaloa.
Algunas de esas muertes fueron ejecuciones que se presentaron cuando Felipe Calderón estaba fuera del país, asistiendo al mundial de futbol de Sudáfrica; otras, mientras publicaba su carta de buenas intenciones.
En ese contexto, el documento parece la rendición o la capitulación de su gobierno ante el poderío cada vez más creciente de los distintos cárteles del narcotráfico en todo el país, que lo mismo comercializan la droga que cobran impuestos, extorsionan a comerciantes y empresarios, secuestran o desaparecen a cientos de mexicanos, sin ningún reparo de la autoridad.
El desamparo en que vive la sociedad desde hace unos tres años no es cosa de percepción, como intenta justificar el gobierno de Calderón cuando responsabiliza a los medios de crear este ambiente de miedo. Es producto de la suma de errores de los diferentes gobiernos que se han dejado corromper y que no han hecho nada para proteger a la sociedad.
Hoy Calderón pretende dar un giro en la estrategia de combate al narcotráfico con un discurso distinto, anunciando que se tomará en cuenta el aspecto de salud, prevención, nuevas leyes y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Curiosamente también anunció que intenta crear una nueva imagen del país contratando a especialistas que le ayuden a hacerlo.
La cortedad de su política nuevamente se manifiesta en esas dos acciones. Una vez más se nota su ánimo de reaccionar –de ahí viene la acepción de reaccionario– y no de pensar en cómo resolver de fondo los graves problemas que aquejan al país.
