miércoles, 17 de febrero de 2010

BOLETÍN DE PRENSA SME 17 DE FEBRERO DE 2010

A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional,

No habían pasado 48 horas, después de que Felipe Calderón Hinojosa se había desvivido en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hacia sí mismo, por haber tomado la decisión de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuando la terca y necia realidad lo ha puesto nuevamente en su lugar, extensas zonas de la capital y el Estado de México se encuentran sin energía eléctrica.
Es el caso de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepéc, San Miguel Ajusco y las colonias María Esther Zuno y Tlamille, además de una extensa área de la calzada de Tlalpan en el sur de la ciudad. La segunda y tercera sección de Lomas Verdes y Santa Mónica, así como la colonia Benito Juárez, en el Estado de México. Y finalmente, las colonias: Reforma Iztaccihuatl, Iztacalco, Morelos, Condesa y la Roma de esta ciudad.
La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes de nuestra urbe, es más que evidente, amén de la creciente irritación de cada vez más extensas capas de la población, provocadas por ese grupo de saboteadores de la Industria Eléctrica Nacionalizada, de la economía de la zona metropolitana y de la estabilidad ciudadana en la zona central del país, que integran Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano Alarcón y Alfredo Elías Ayub.
Los severos daños a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país, realizados por Calderón y su grupo, muestran que están incurriendo en el delito de sabotaje, pues han entorpecido peligrosamente este servicio. En consecuencia, se les debe aplicar lo que textualmente establece el artículo 140 del Código Penal Federal, “Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.
Al señor Calderón solo le quedan dos caminos: el primero sería, el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional, es decir, dar marcha atrás en su decreto de extinción de LyFC, para permitir el regreso a sus labores de los trabajadores agremiados al SME, y con ello, llevar a cabo los urgentes programas de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante los cuales contribuiríamos al abatimiento del tiempo de interrupción al usuario, y la segunda, congruente con la política neoliberal sería emitir dos decretos más, con el objeto de extinguir a Tlaloc y Eolo, dioses de la lluvia y el viento respectivamente.
En todo caso, el titular del ejecutivo federal, tiene la palabra. Desde luego, debe apresurarse antes de que la paciencia popular y ciudadana estalle y lo haga renunciar por ineficiente, ineficaz, por llevar al país al caos económico y a la confrontación social. Por ello, tenemos que organizar esa irritación social creciente para que juntos vayamos a la huelga política nacional que estallaremos este próximo 16 de marzo a las 12 horas, en todo el país.
 
Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

México D.F. a 17 de febrero de 2010

Fernando Amezcua Castillo

BOLETÍN DE PRENSA. Febrero 16, 2010. COMITÉ CIVIL NACIONAL PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE FELIPE CALDERÓN


El documento es extenso, estimados lectores, pero es importante que sea conocido por todos los que se puedan, y que ayuden a difundirlo, es coyuntural para los momentos que está viviendo nuestro país. Saludos cordiales

COMITÉ CIVIL NACIONAL PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE FELIPE CALDERÓN


BOLETÍN DE PRENSA. Febrero 16, 2010.



Por unánime acuerdo del Congreso Social de Querétaro del 5 y 6 de febrero, llevaremos a cabo una Consulta Nacional Ciudadana los días 22, 23 y 24 de mayo del presente año, en la que se preguntará al pueblo si desea que Felipe Calderón continúe como Presidente de la República o se vaya. Este acuerdo fue reiterado el 7 de febrero en el cierre de dicho Congreso Social en la Ciudad de México.

Las condiciones actuales de ofensiva antipopular del gobierno federal, particularmente con el golpe anticonstitucional contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y los mineros de Cananea, y en las que todo un pueblo, como el de Ciudad Juárez, directamente ha demandado la renuncia de Calderón, reclaman medidas urgentes para evitar que nuestra patria sea llevada definitivamente al abismo.
Ya no soportamos más que Felipe Calderón siga al frente del Gobierno de la República y, en consecuencia, hemos decidido deponerlo de ese cargo que él usurpa y al que llegó de malas maneras.

Desde el 20 de noviembre del pasado año hicimos pública una Proclama del pueblo de México para organizar la revocación del mandato que las fuerzas antinacionales dieron a Felipe Calderón.

Creemos que ha llegado la hora de implementar esta determinación ciudadana con la que el pueblo, con plena dignidad, se dispone a conmemorar los Centenarios. Nada como la deposición de Felipe Calderón puede, hoy, dar mayor reverencia y pleitesía a Hidalgo y a Morelos, a Juárez, a Zapata, a Villa y a todos nuestros verdaderos héroes nacionales que se levantaron al combate para derrocar a los espurios gobernantes españoles, a los Iturbide y Santa Anna, a los Maximiliano y Porfirio Díaz, a los Victoriano Huerta y Plutarco Elías Calles.

Los días 22, 23 y 24 de mayo de este año llevaremos a cabo una Consulta Nacional Ciudadana con la que estamparemos un contundente ¡ya basta! y nuestra voluntad de que Felipe Calderón se vaya: ya no queremos que siga siendo el Presidente de la República.

Acusamos a Felipe Calderón de estar cometiendo un crimen de lesa constitución, lo acusamos de quebrantar los principios fundamentales sancionados por nuestra Carta Magna, de pisotear los derechos humanos y las garantías individuales que nuestra ley suprema sanciona. El artículo 39 claramente establece que el poder público “se instituye para beneficio” del pueblo y Felipe Calderón no sólo arrebató la voluntad popular en las elecciones de 2006, sino que, a lo largo de su gestión, se ha dedicado a arruinar la vida de la población, interrumpiendo la observancia de la Constitución. Se ha propuesto hipotecar el patrimonio histórico de nuestra sociedad, llevando al país a una verdadera ruina económica, ética, política, científica y cultural. Está coronando la política de sus antecesores con el despojo de la soberanía y la destrucción de la economía nacional; su gobierno está rematando los bienes sociales y los recursos naturales a los poderes transnacionales. Está profundizando la dependencia alimentaria y energética, la privatización de los recursos del Estado, la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, la reducción de los salarios, infringiendo un gran desastre a la economía campesina e indígena, asfixiando a la economía cooperativa, aumentando los impuestos a la población mientras exime de ellos a los grandes explotadores; encarece la vida con incrementos abusivos y monstruosos de los precios de los productos básicos, criminalizando el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales, destruyendo al Estado, dando pie a la mayor corrupción en la historia nacional. Calderón ha instituido un régimen de violación sistemática de los derechos laborales en México, de anulación del derecho de huelga, de destrucción de los contratos de trabajo, un régimen en el que ha asentado sus reales la tortura y la destrucción de todos los bastiones legales que el pueblo se ha dado para la afirmación de sus libertades. Con Felipe Calderón se ha implantado en México la estrategia de guerra permanente que, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, viene desarrollando el Imperio norteamericano, con miles de asesinados y la implantación de un verdadero estado de sitio en buena parte del territorio.

¿Qué Presidente es éste que nos está quitando el maíz y las tortillas, que nos está arrebatando las luces, la alegría y la felicidad; que gobierna con la bajeza de quien con el mayor desenfado califica a los jóvenes de “pandilleros” y auspicia y fomenta su asesinato negándoles apoyo educativo y laboral; que dice preocuparse por el pueblo y un día le golpea y otro día también; que despierta odios y maledicencias, que humilla al pensamiento, que deteriora la seguridad y la ilusión por la vida; que en el fracaso halla el triunfo y hace de la mentira su grandeza, pues en la verdad se verifica como un enano. Su trascendencia está en el cinismo, ya que en la rectitud y en la honradez se muestra insignificante.

Felipe Calderón debe irse. El pueblo hará que se cumplan los artículos 39 y 136 de nuestra Carta Magna, pues ante el “trastorno público” que constituye el desgobierno de Calderón, México “recobrará su libertad, restablecerá (la) observancia (de la Constitución hoy mancillada por este grupo)”, y “con arreglo a ella” juzgará “así a los que hubieren figurado en el gobierno… como a los que hubieren cooperado” a esa violentación de los principios constitucionales.
Si Porfirio Díaz fue depuesto por violentar los principios constitucionales, si Victoriano Huerta lo fue porque instituyó gobierno aplastando esos principios, Felipe Calderón debe ser depuesto porque llegó al gobierno de manera fraudulenta y porque, instalado en el gobierno de manera espuria, se ha dedicado a ejercer políticas públicas que constituyen un trastorno que atenta contra los principios de la Carta Magna.

Al organizar la deposición de Felipe Calderón del máximo cargo de representación, estamos pidiendo que se vayan todos esos gobernantes, estamos plantando nuestro repudio a los partidos que como el PRI, el PAN y sus partidos comparsas le impusieron y le acompañaron en sus medidas anticonstitucionales, y hoy conforman su aval y su sostén. Miles de organizaciones sociales y ciudadanas en un Encuentro Nacional en Querétaro, los días 5 y 6 de febrero, para dejar clara la voluntad popular asumieron la tarea histórica de organizar una Consulta Nacional Ciudadana en la que preguntaremos si tú ciudadano quieres (sí o no) que Felipe Calderón siga siendo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los días 22, 23 y 24 de mayo están señalados para esa Consulta: serán días históricos en los que el pueblo recobrará su papel de auténtico soberano, frente a todos los usurpadores.

MÉXICO ES HOY CIUDAD JUÁREZ

Y TODO EL PUEBLO MEXICANO SOMOS JUARENSES QUE EXIGIMOS:

¡FUERA CALDERÓN DE LA PRESIDENCIA!

TE INVITAMOS PARA QUE NOS APOYES ORGANIZANDO LA CONSULTA EN TU REGIÓN, ENVÍA TUS DATOS A LAS DIRECCIONES QUE VIENEN EN EL TEXTO SIGUIENTE

CONSULTA NACIONAL REVOCACIÓN DE MANDATO

YA TENEMOS FECHA PARA LA CONSULTA NACIONAL PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE calderón.
ESTA SERÁ EL 22, 23 Y 24 DE MAYO, QUIENES SE QUIERAN APUNTAR PARA CIUDAR MESAS DE VOTACIÓN, ESCRIBAN UN MENSAJE Y PONGAN EN EL ASUNTO: REVOCACIÓN DE MANDATO
EN EL TEXTO DEL CORREO SU ESTADO, SU MUNICIPIO O CIUDAD Y ALGÚN CORREO O TELÉFONO PARA CONTACTARLOS

ESCRIBAN POR FAVOR A revocacionmandato@gmail.com
revocacionmandato@gmail.com
www.revocacionmandato.org
Consulta Nacional Mayo 22, 23 y 24
 

EVO MORALES EN MEXICO


Cinco gobernadores del PAN combaten bodas gay

Jamás se había visto esto, gobernadores de otros estados decidiendo por lo que un estado soberano decide en el ámbito de su soberanía estatal. En una nueva visión retrógrada, medievalista y de tendencia marcadamente religiosa e intolerante, cinco gobernadores panistas sen unen a la nueva cacería de brujas, esta vez contra la comunidad homosexual, negándoles derechos que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual debe tener, por el simple hecho de ser humano con libertad de llevar su vida como mejor le convenga. Condeno totalmente el regreso del oscurantismo religioso y la instauración de una nueva inquisición desde el poder gobernante, quien se supone debe ser laico, y estos seudo gobernantes están olvidando.

Los gobernadores de cuatro estados gobernados por el Partido Acción Nacional presentaron sendas controversias constitucionales en contra de las reformas legales que permitieron los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal y la adopción por parte de estas parejas, con lo que se unieron a la iniciativa del gobierno de Jalisco, que hizo lo propio el lunes pasado.
La acción conjunta de los gobernadores panistas de Tlaxcala, Guanajuato, Morelos y Sonora fue difundida en un comunicado de su partido, en el que se aclaró que los cinco militantes del PAN alegaron el mismo argumento: que la decisión del Distrito Federal tendrá efectos sobre las demás entidades del país, pues podrían verse obligadas a reconocer a los homosexuales casados los derechos que tienen en la Ciudad de México, lo cual se opondría a leyes estatales que prevén que el matrimonio se verifica entre un hombre y una mujer.
“Se busca”, según el comunicado panista, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y, como consecuencia, su invalidez, preservando el ámbito de competencia legislativa de cada entidad federativa y con ello, el orden constitucional federal y local”.
Los panistas subrayaron otro argumento: que reconocer el derecho de adopción a esposos homosexuales “resulta totalmente contrario al interés superior de las niñas y de los niños”. No explicaron esta afirmación.

Ver artículo completo en: Milenio

Se negoció el paquete fiscal para evitar alianzas, reconoce Rojas

También hemos hecho acuerdos con la Secretaría de Energía sobre Pemex, precisa
Fue con el objetivo de asegurar condiciones electorales equitativas, asegura el coordinador priísta en San Lázaro
Se pensó en tapar el supuesto boquete económico de 2009 y 2010, justifica
 
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 3

La fracción del PRI en la Cámara de Diputados admitió que negoció con el gobierno federal la aprobación del paquete hacendario –que incluyó un aumento a 16 por ciento del IVA y a 30 del ISR– y tapar el supuesto boquete fiscal de 2009 y 2010, a cambio de evitar una alianza del PAN con el PRD y de asegurar condiciones electorales equitativas.
En conferencia de prensa, el coordinador priísta, Francisco Rojas Gutiérrez, sostuvo: Evidentemente estaban en el interés de nuestro partido las dos cuestiones. Refirió que el Partido Revolucionario Institucional empujó la negociación para asegurar que la equidad en las elecciones de julio próximo se pudiera dar y también vimos el interés del país, y coincidieron ambas, y así es.
El jueves pasado, cuando trascendió que la renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a su militancia panista se debió a que la alianza PAN-PRD no le permitía cumplir con un arreglo con el tricolor, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, rechazó haber participado en ese pacto. Yo nunca he sido documentado al respecto de que pudo haber alguna negociación, declaró
 
Ver artículo completo en: La Jornada

Legisladores sonorenses exigen que la empresa asuma responsabilidad

Hermosillo, Son., 16 de febrero. El Congreso de Sonora aprobó este martes enviar un exhorto al presidente Felipe Calderón Hinojosa para que obligue a Grupo México a cumplir con sus responsabilidades de atención social a mineros y ex mineros en Cananea, o se haga cargo de ellas, pues la empresa las ha abandonado en los dos años y medio de conflicto laboral.
El exhorto también incluye pedir que no se utilice la fuerza pública contra los mineros, luego de que un tribunal laboral falló para terminar la relación contractual de Grupo México con ellos. El punto fue votado a favor por diputados de PRI, PAN, Nueva Alianza, PRD y Verde Ecologista.
El abandono del hospital de El Ronquillo (en Cananea, cerrado en mayo de 2008) ha puesto a la comunidad en condiciones de emergencia sanitaria; además, las condiciones de seguridad en la mina y de la ecología en la región, por el desbordamiento de la presa de jales (químicos resultado de procesos utilizados en la minería), ponen en peligro a toda la región, dijo el diputado Daniel Córdova Bon, de Nueva Alianza, quien leyó ante el pleno el exhorto que será enviado a la Presidencia de la República.
La diputación permanente del Congreso del estado manifiesta su solidaridad con el movimiento obrero en Cananea, Sonora, y resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que intervenga favorablemente en la solución a la problemática que priva en dicho municipio, solicitando que se realicen las acciones que resulten necesarias para impedir que se violenten los derechos fundamentales de las personas, agregó.
El exhorto votado por los cinco diputados de la Comisión Permanente se emitió un día después de que líderes de gremios locales, acompañados por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, solicitaron al Poder Legislativo sonorense pedir al Ejecutivo y al Legislativo federales el retiro de la concesión de la mina a Grupo México.
Los legisladores locales no atendieron ese punto, pues consideraron que de hacerlo generarían incertidumbre para otros empresarios que invierten en la entidad, afirmó el priísta Faustino Félix Chávez, presidente de la Comisión Permanente.
Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal

Fuente: La Jornada

Pide el Senado a Calderón revocar de inmediato concesión a Grupo México

Ríspido debate al tratar el asunto del fallo judicial sobre Cananea
Panistas votaron en contra; se dicen ofendidos por expresiones de Monreal

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de febrero de 2010, p. 17

Con el voto en contra del PAN, el Senado solicitó al presidente Felipe Calderón que revoque de inmediato la concesión minera de Cananea al Grupo México, y demandó la comparecencia de los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, para que informen sobre el conflicto en esa empresa minera.
Los senadores integrantes del grupo especial de trabajo para dar seguimiento al conflicto jurídico laboral entre el sindicato minero y la empresa mexicana de Cananea presentaron ayer al pleno un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que actúen para que se eviten actos de violencia y se garantice el respeto a los derechos humanos, ante el cumplimiento del laudo de las autoridades en el conflicto laboral de minera Cananea.
El grupo plural de trabajo demandó al Ejecutivo federal y al gobernador de Sonora que giren instrucciones a los mandos de las fuerzas de seguridad pública y militares, según corresponda a sus respectivas atribuciones, para que se garantice el cabal cumplimiento de los derechos humanos al hacer cumplir el laudo o resoluciones de las autoridades laborales o judiciales.
La resolución del segundo tribunal colegiado en materia laboral, que avaló la terminación de las relaciones colectivas e individuales entre esa empresa y los mineros, con el argumento de que se causó daños y destrucción a la maquinaria, provocó un áspero debate.
El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, destacó en tribuna que la decisión de negarles el amparo a los trabajadores no es más que un golpe más entre muchos que el Poder Judicial, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han venido dando contra los trabajadores de la industria minera y eléctrica.
Tras señalar que violando el derecho de huelga se recurrió al argumento de causa mayor para dar por terminadas las relaciones laborales, dijo que nunca un gobierno se atrevió a hacer tal barbaridad. ¡Qué poca madre de este gobierno al tratar así a la clase trabajadora!
Por el PRI, el senador Francisco Arroyo Vieyra apremió a los legisladores: Es momento de que el Estado mexicano tome para sí una obligación fundamental, que es la paz, la armonía y la estabilidad, y es el momento de que alguien dé un manotazo en el escritorio, retire la concesión, la licite y ponga a trabajar a Cananea.
La discusión de este punto se llevó la mayor parte de la sesión, y al ponerse a votación la propuesta del petista Monreal para que fuera incluida como resolutivo del punto de acuerdo, PRI, PRD, PT y Convergencia votaron a favor, con el voto en contra de los panistas.

Ver artículo completo en: La Jornada