ACCION URGENTISIMA!!!

URGENTE: Caravana de solidaridad que iba rumbo al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la Región Triqui de Oaxaca, integrada por observadores internacionales, integrantes de CACTUS, VOCAL, de la Sección 22 del SNTE y de la APPO, fue balaceada en la comunidad de La Sabana controlada por la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT). Esta organización está impidiendo el rescate de los heridos. Reportes indican que hay al menos 15 heridos, se desconoce si hay muertos y se reporta que Alberta Cariño, directora de CACTUS, se encuentra desaparecida. Tememos que esta acción constituya una provocación que pueda utilizarse para justificar la militarización de la región Triqui.

Acción solicitada

Llamar al Gobierno de Oaxaca exigiendo que establezca las condiciones necesarias para el rescate de los heridos a través de la Polícía Estatal y los equipos de rescate y atención médica



Gobernador del Estado de Oaxaca

Ulises Ruiz Ortiz

Tel. 5015000 ext. 13005

Fax. 5015000 ext. 13018



Nodo de Derechos Humanos

www.nodho.org

INVITACIÓN AL ZÓCALO CAPITALINO PRÓXIMO JUEVES 29 DE ABRIL

ATENCIÓN:
INVITACIÓN AL ZÓCALO CAPITALINO
PRÓXIMO JUEVES 29 DE ABRIL

COMO PARTE DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO AGRUPACIONES DIVERSAS DE LA RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA Y DEL MOV. EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y LA ECONOMÍA POPULAR NO DEJEN DE ACOMPAÑARNOS ESTE JUEVES A PARTIR DE LAS 17:00 HRS. A LAS ACCIONES DE ACOPIO EN PRO DE LOS COMPAÑEROS DEL SME EN HUELGA DE HAMBRE

¡¡¡NO FALTES!!!

Apagón Televisa (¿Porqué le dicen el Semen a Carlos Marín?)

Astillero (Lunes 26 de abril de 2010)

- Huelga de hambre
- SME resiste
- Solidaridad
- Plan Clinton

Julio Hernández López

 

 

Más de medio año después, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene en viva resistencia ante los abusos de poder en su contra, lo que no es poca cosa si se toma en cuenta el linchamiento mediático, el chantaje económico en materia de liquidaciones y la mano dura ejercida por el secretario de Trabajo fascistoide, Javier Lozano, a nombre de su jefe Felipe Calderón, ambos convertidos en violadores profesionales de la Constitución y las leyes del trabajo en aras de, entre otros proyectos facciosos, dejar limpio el camino a negocios oscuros con inversionistas locales y extranjeros en materia de fibra óptica.

Condenado por Los Pinos a la extinción, ese sindicato mantiene en alto sus banderas y exigencias y ayer instaló en un extremo del Zócalo capitalino una primera parte del grupo de 50 trabajadores que han decidido llegar al extremo de realizar una huelga de hambre, agotada ya buena parte de los recursos legales y políticos de los que ese gremio pudo echar mano a lo largo de los seis meses y medio que han transcurrido desde que Calderón decidió tomar las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en un golpe policiaco realizado mientras mantenía por otro lado la oferta, traicionada, de dialogar y negociar con el SME al que en cuestión de horas creyó extinguir, junto con su fuente de trabajo, mediante un decreto que ahora está en un tramo de revisión por la zigzagueante Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de definir si una resolución individual emitida desde Los Pinos puede anular de manera fulminante e irreversible una relación contractual de trabajo y los demás derechos adquiridos por decenas de miles de personas que de golpe quedaron en la calle.
La resistencia de los electricistas es particularmente ejemplar porque es una de las escasas formas de oposición organizada que se mantienen hoy en nuestro país frente a los muy graves excesos cometidos desde un poder federal al que cada vez más mexicanos critican, pero al que muy pocos llegan a combatir política y masivamente. La nación vive entre llanto, sangre y temor, cada día enterándose de peores hechos criminales desatados por una torpe guerra contra el narcotráfico, pero poco se logra hacer en ese contexto que inhibe toda participación social mediante el expediente simple del riesgo de muerte que el narco y sus vertientes asociadas desde el poder pueden aplicar con absoluta impunidad contra quienes encabecen acciones populares de protesta. A la distancia, convertidos en parte de un México invisible o poco visible para el resto de sus paisanos, los trabajadores de Cananea, y los mineros en general, sobrellevan otras formas de injusticia administradas por el calderonismo que defiende al patrón Larrea frente a las demandas no sólo en el contexto de ese pueblo sonorense históricamente tan significativo, sino, largamente, en el caso de Pasta de Conchos, oficialmente condenado al olvido. Muchos ejemplos podrían darse de esos agravios cometidos por Los Pinos, pero frente a ellos sólo han resistido con resonancia nacional y movilizaciones amplias, con sus matices, el movimiento social que nació contra el fraude electoral de 2006 y el sindicalismo electricista del centro del país. Por ello, la huelga de hambre instalada ayer es una forma de lucha que debería recibir la mayor cobertura y solidaridad social, asumiendo que no son solamente los legítimos intereses de una organización sindical los que están en juego, sino la posibilidad de resistir actos autoritarios de poder y revertirlos a pesar de todo y contra todo. Todos los días, a las cinco de la tarde, en la carpa instalada en el Zócalo, frente a las oficinas principales del gobierno del Distrito Federal, se abrirá una tribuna para informar de los avances de esta protesta y recibir muestras de solidaridad. Para el primero de mayo venidero también se organizan acciones que den prueba de la vitalidad y consistencia del movimiento electricista.

La fiereza del felipismo contra su pueblo no tiene similitud frente al extranjero. En Arizona se ha dado banderazo de salida al deporte de la caza del indocumentado y el gobierno mexicano parece pasmado, sin mayor respuesta que la mala oratoria de sus principales funcionarios. Fernando Gómez-Mont, por ejemplo, continúa con su historial de palabrería deplorable, ahora pidiendo a Estados Unidos que con vergüenza asuma su corresponsabilidad en la guerra mexicana contra el narcotráfico, particularmente en el rubro del tráfico de armas, todo ello luego que el poco vergonzoso Bill Clinton hubiera planteado que debería confeccionarse un Plan México, a semejanza del diseñado y ejecutado en Colombia, para poder combatir con éxito al mercadeo ilegal de drogas. Eso sí, comprensivo, el esposo de Hillary dijo que, siendo los mexicanos exageramente celosos de nuestra soberanía, bueno fuera que las autoridades locales acabaran anunciando como propio... el plan que EU propone.

Ver artículo completo en: La Jornada

Acepta el estado realizar espionaje político y subsidiar a organizaciones

❚JUSTIFICA COMITÉ DE ACCESO RESTRINGIDO LA NEGATIVA PORQUE “DARÍA MALA IMAGEN” AL GOBIERNO

❚CUATRO PARTIDAS PRESUPUESTALES CARECEN DE OBLIGACIÓN PARA SER COMPROBADAS POR LA SECRETARÍA

La Secretaría de Gobierno clasificó como información confidencial todo el trabajo de espionaje que realiza en contra de organizaciones políticas, sociales, campesinas y de distinta índole, así como de sus dirigentes; además, ha clasificado como reservados hasta por tres años todos los datos sobre cuatro partidas presupuestarias, desde las que se les otorga dinero a sindicatos y distintas agrupaciones.

Dentro de su apartado de Información Restringida, la dependencia estatal admite que elabora trabajos de espionaje y análisis político en todos los municipios del Estado, e igualmente establece la existencia de las partidas 4400, 4401, 4402 y 4403 para subsidiar y financiar a todo tipo de organizaciones, incluso de la iniciativa privada y particulares.

El Comité de Acceso Restringido de la Secretaría de Gobierno justifica mantener en secreto estos datos, porque podría “causar mala imagen a la administración estatal”, así como podría derivar en el surgimiento de conflictos políticos que provocarían tomas de carreteras, palacios municipales, marchas o derrotas electorales.

Estos datos se encuentran dentro de la información restringida de dicha secretaría; en el apartado de la Unidad Administrativa se puede leer lo relacionado a cuatro partidas presupuestales, que carecen de obligación para ser comprobadas y que contienen los datos de las asignaciones corrientes que otorga la administración pública estatal sin ninguna contraprestación alguna, ya sea en forma directa o mediante fondos fideicomitidos a los sectores social y privado.

De acuerdo con tal documento, la partida 4400 corresponde a ciudadanos del sector social y privado; 4401 son subsidios a agrupaciones; 4402 subsidios a sindicatos y 4403 son subsidios a instituciones.

La motivación que establece la Secretaría de Gobierno para mantener esta información como reservada hasta por tres años es porque al revelar las partidas aludidas, podría generar conflictos o sucesos políticos y sociales como manifestaciones, tomas de carreteras e instalaciones de gobierno, daños a la imagen de la gestión institucional, activismo político o acciones no pacíficas.

“Podría generar desconcierto e inconformidades hacia la dependencia, si se considera que existe un sin número de agrupaciones, sindicatos e instituciones en el Estado y que a todos no se les puede conceder tal apoyo. De tal suerte que resulta inconveniente hacer pública esta información, porque el gobierno del Estado a través de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Gobierno, no tendría la libertad para la toma de decisiones y asignación de tal o cual beneficio, de lo contrario, éstos y otros grupos de corriente anti-gubernamentales advertirían la vulnerabilidad del Estado al conocer esta información”, dice textualmente el documento oficial, donde además se precisa que el resguardo de todos esos datos quedarán bajo la responsabilidad de Lucía Teresa Salazar López, titular de la Unidad Administrativa.

En lo que se refiere al trabajo de “análisis político”, como denominan a la investigación, seguimiento y recopilación de datos de actores políticos, así como líderes de todo tipo de organizaciones, la Secretaría de Gobierno catalogó como información confidencial todo el trabajo que realiza al respecto a la Dirección Política Regional.

Bajo la advertencia que dar a conocer la información obtenida por dicha área de la Secretaría de Gobierno pondría en riesgo la seguridad pública del Estado y sus habitantes, así como afectar la estabilidad y permanencia de las instituciones políticas, es que el Comité de Acceso Restringido opta por catalogar como confidencial tales datos.

Dentro de este rubro se incluye el registro de conflictos sociales y políticos, manifestaciones, tomas de carreteras, su frecuencia, su gestación regional, su influencia territorial, así como su naturaleza, propósitos, actores visibles o encubiertos, su origen, filiaciones ideológicas, activismo político o acciones no pacíficas.

También quedará como confidencial todo lo contenido dentro de minutas, convenios y acuerdos logrados con los actores e integrantes de dichos movimientos, puesto que resultaría inconveniente dar a conocer lo que se les concedió, y esto despertaría el interés de otros grupos por hacer lo mismo.

Dentro de la Dirección de Política Regional, destacan dos áreas llamadas Prospectiva y Gobernabilidad, así como Apoyo y Logística, encargadas de adelantarse al surgimiento de conflictos y para organizar reuniones con líderes de organizaciones y regiones, todo mediante un eficiente y discreto sistema de recopilación de información.

En el documento definen estas acciones como “un proceso institucional de planeación de estudios, recomendaciones y acopio de información, en esencia, un proyecto de trabajo discreto, profesional, permanente, sin testigos para mantener la gobernabilidad del Estado”.

De igual modo justifican la confidencialidad de los datos que se obtienen de los diversos líderes o actores políticos, por el bien de ellos mismos, pues dar a conocer lo que saben acerca de ellos los pondría en riesgo, así como su patrimonio y su familia.

En este caso, esta información catalogada como confidencial está bajo el resguardo del subdirector de Organización, Funcionamiento y Enlace Regional, Roberto Álvarez Salgado y por el subdirector de Estrategias Acciones para la Estabilidad Social, Porfirio González Fuentes.

Fuente: La Jornada de Veracruz