Lo que nos espera con CFE en la zona centro del país. Atención ciudadano, mucho ojo con las mentiras de Fecal y su falso gobierno.
Los pobladores de Candelaria, en el estado de Campeche, dedicados en su mayoría a la agricultura, silvicultura, pesca, crianza de animales y pequeño comercio, se manifestaron por los altos cobros de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); de 50 pesos bimestrales en un periodo de seis meses, pasó a 4 mil y 5 mil pesos en promedio bimestral, enteramente desproporcional a sus ingresos familiares y al salario mínimo en la región que es de 49.50 pesos diarios.
Para cubrir el consumo, echaron mano del dinero destinado a los alimentos, el agua, gas y medicamentos, pero al poco tiempo no hubo dinero que alcanzara a cubrir los graduales aumentos en las tarifas, así que ante la CFE se declararon en mora de pagos, por lo cual fueron procesados y encarcelados.
En agosto de 2006, las familias de 30 comunidades se agruparon en el frente denominado “Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica”. Primero, expusieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno su problemática, y demandaron un reajuste a las tarifas, problemática que en el Congreso de la Unión han planteado en diversas ocasiones diputados federales de entidades del norte del país.
Con el lema “¡No a la privatización de la energía eléctrica!” y en demanda de “tarifas justas”, las familias de Candelaria organizaron manifestaciones, plantones, mítines, encuentros y foros en otras entidades. Infructuosamente esperaron una solución del gobierno.
La respuesta fue la represión y el encarcelamiento de varios de ellos, las primeras presas de una “cacería” de deudores que la CFE hoy extiende a, por lo menos, sietes estados: Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua, que a excepción de Querétaro, se trata de las entidades que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social, concentran los municipios y comunidades en mayor depauperación de todo el país.
Protesta generalizada
Bajo el lema de “una tarifa justa y un mejor servicio”, docenas de comunidades y municipios de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Querétaro y Chihuahua se han adherido a la “Resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica”. En mayo pasado, en una reunión en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, conformaron el Frente Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica.
En una de sus primeras acciones, en julio pasado bloquearon la carretera Panamericana a la altura de San Isidro, municipio de Pijijiapan, Chiapas. Reclamaron a la CFE tarifas justas y la excarcelación de los presos de Candelaria. La reacción de la CFE fue contundente: ordenó apagones en las comunidades que se declararon en resistencia en Campeche, Chiapas, Oaxaca y Querétaro.
El pasado 3 de noviembre, el Frente Nacional señaló que la movilización no es por la negativa a pagar el consumo de energía eléctrica, sino “para exigir tarifas justas y detener la entrega de la industria a grandes empresas trasnacionales”. Denunciaron hostigamiento judicial y nuevas acusaciones penales promovidas por la CFE. Aseguran que aunque la CFE recrudeció el acoso, las protestas “irán en aumento, medida que también aumentan las tarifas eléctricas en el país”. (ALP)
Criminalización de la protesta social
Para los organismos de derechos humanos, el encarcelamiento de los integrantes del movimiento “Resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica” es parte de la criminalización que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho de la protesta social.
Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Consejo General de la Abogacía Española, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas coinciden que el activismo realizado por Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas y el resto de los integrantes del movimiento constituye una lucha por la defensa de los servicios básicos y por la defensa de los derechos humanos fundamentales.
Un mes antes de su detención, Sara participó en el encuentro “Agua, Energía y Alternativas Energéticas”, en Aguacaliente, Guerrero, donde fracasó la CFE en su intento de construir la presa La Parota. Allí expuso el origen de su activismo: “Estamos en resistencia por el mal servicio que da la CFE a nuestros pueblos; las tarifas son injustas e impagables. El servicio eléctrico es del pueblo, no es de los legisladores ni del gobierno. El no pagar tarifas injustas no es un fraude a la nación. No nos negamos al pago, pero hasta no tener una tarifa justa, tome los años que tome, no vamos a pagar…”
Los defensores de derechos humanos pugnan porque se reconozca a Sara, Joaquín y Guadalupe como “presos políticos”, pues consideran que “se les acusa de un delito que no cometieron y se les priva de su libertad por sus filiaciones sociales y de defensa de los derechos humanos”.
El Centro Tlachinollan envió un comunicado al juez Mario Toraya, en el que le manifiestan que: “Este Centro de Derechos Humanos ha conocido el trabajo comprometido de los detenidos, quienes junto con el pueblo de Candelaria y otros pueblos de varios estados del país han luchado por un tarifa eléctrica justa y por un servicio de calidad, sin embargo, han tenido como respuesta a sus peticiones la cerrazón gubernamental”.
El pasado 21 de julio la OMCT, desde Ginebra, envió una comunicación al gobierno mexicano en la que manifiesta su preocupación “en particular en cuanto al uso de la violencia durante las detenciones, y por la seguridad e integridad personal y por la situación jurídica de Sara López González, Guadalupe Lizcano Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras y Guadalupe Borja, así como de los miembros de sus respectivas familias”, y solicita a las más altas autoridades estatales y federales que tomen las medidas más apropiadas para garantizar las mismas.
Como parte de su campaña del Caso MEX 210709/ MEX 210709.DESC, la OMCT pidió al gobierno mexicano, en el marco de las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México, la excarcelación de los cinco activistas, y que se les garantice “la seguridad y la integridad física y psicológica, incluyendo una adecuada y gratuita atención médica, así como la seguridad de los miembros de sus respectivas familias”.
El 16 de julio, Amnistía Internacional emitió también una “Acción urgente” por los “activistas detenidos por cargos falsos”. El dictamen que la organización, con sede en Washington, hace sobre el caso, indica: “Amnistía Internacional considera que los cargos son de motivación política y que los cinco activistas han sido detenidos arbitrariamente y pueden ser sometidos a un juicio injusto como represalia por liderar protestas pacíficas”.
Detalla que en varias ocasiones, “Amnistía Internacional ha documentado cómo, en México, se ha respondido a las protestas legítimas con cargos penales infundados o desproporcionados. En esos casos, el uso de cargos graves, como el secuestro, es en ocasiones la base de denuncias presentadas por funcionarios que, de hecho, han participado voluntariamente en negociaciones u otras iniciativas pacíficas con los movimientos de protesta. Más tarde, esa participación voluntaria se presenta en la denuncia como un caso de secuestro”.
Agrega que generalmente las investigaciones, los cargos, las detenciones y los juicios derivados de esas denuncias “suelen carecer de los elementos básicos de un juicio justo, como el acceso a abogados o la posibilidad real de rebatir la versión de los hechos presentada por el denunciante. A consecuencia de ello, estos procedimientos judiciales constituyen en ocasiones actos de acoso contra defensores de los derechos humanos y activistas sociales, a los que ponen en peligro de detención arbitraria, malos tratos y juicio injusto”.
Pero ni el gobierno mexicano, a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dio respuesta. Por el contrario, en las últimas semanas, la paraestatal que encabeza Alfredo Elías Ayub ha promovido la detención de otros deudores que le reclaman tarifas justas. En Alto Lucero, Veracruz, se encarceló a otros integrantes del mismo movimiento civil, y en Ixtepec, Oaxaca, se giraron cinco órdenes de aprehensión, lo mijavascript:void(0)smo que en Chihuahua. (ALP)
Nota completa en: http://mujeresporlademocracia.blogspot.com/
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